El Gobierno flexibiliza la homologación ambiental de vehículos y habilita validaciones sin ensayos locales
El Gobierno nacional avanzó con una modificación relevante en el esquema de certificación ambiental para vehículos, al habilitar un sistema que permite validar homologaciones internacionales sin necesidad de repetir ensayos técnicos en el país. La medida fue oficializada mediante la Resolución 263/2026 de la Secretaría de Turismo y Ambiente, publicada en el Boletín Oficial el 17 de marzo.
El cambio introduce una nueva lógica en el proceso de aprobación ambiental: mantiene los estándares vigentes, pero flexibiliza la forma de acreditarlos. En lugar de exigir exclusivamente ensayos locales, el sistema ahora admite el reconocimiento de certificaciones extranjeras emitidas bajo normas equivalentes.
Un nuevo esquema de validación
El eje de la reforma es la modificación del procedimiento para obtener la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), requisito obligatorio para la comercialización y circulación de vehículos. A partir de ahora, fabricantes e importadores podrán acceder a esta habilitación mediante validaciones documentales, sin presentar protocolos de ensayo realizados en Argentina.
En este marco, se crean instrumentos como la Constancia de Validación de Homologación Ambiental Extranjera (CVHAE) y la Constancia de Validación de Homologación Ambiental Local (CVHAL), que tendrán la misma validez que la LCA ante los registros automotores.
La Subsecretaría de Ambiente queda facultada para reconocer certificaciones internacionales —incluyendo normas de Naciones Unidas, estándares europeos o de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos— siempre que cumplan con los límites exigidos a nivel local.
Simplificación operativa y reducción de costos
El objetivo oficial es reducir la carga administrativa, evitar la duplicación de ensayos y acelerar los tiempos de aprobación. Para el sector automotor, esto implica una baja directa en costos y una mayor agilidad para la incorporación de nuevos modelos al mercado.
La normativa también prevé la digitalización de los trámites a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y establece aranceles específicos para los procesos de certificación y validación, con actualización automática.
Cambio en el rol del control estatal
Si bien el Estado mantiene su función de supervisión, la resolución modifica su enfoque. El control deja de centrarse exclusivamente en la verificación previa y pasa a apoyarse con mayor peso en instancias posteriores, como auditorías, controles de producción y fiscalización en etapa de comercialización.
Esto implica un esquema más dependiente de la validación documental y de la capacidad de supervisión ex post, en lugar de la certificación técnica local obligatoria en todos los casos.
Estándares y coordinación institucional
La medida no altera los niveles de exigencia ambiental. Se mantienen como referencia los estándares EURO 5a para vehículos livianos y EURO V para pesados, junto con equivalentes internacionales.

Además, se refuerza la articulación con otros organismos del Estado, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Registros Automotores, especialmente en lo vinculado a certificados de seguridad vehicular y requisitos complementarios.
La resolución también contempla situaciones particulares, como importaciones individuales, vehículos sin licencias previas y regímenes especiales, incorporando criterios que hasta ahora tenían un tratamiento disperso.
Un cambio de lógica con impacto abierto
La implementación de este nuevo esquema marca un giro en la política regulatoria del sector: se prioriza la simplificación y la apertura, manteniendo los estándares pero flexibilizando los mecanismos de cumplimiento.
El resultado final dependerá de la aplicación práctica del sistema, en particular de la capacidad estatal para auditar eficazmente las certificaciones reconocidas y sostener niveles de control equivalentes a los del esquema anterior.
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