Eliminan el CIBU y flexibilizan la importación de maquinaria usada: impacto en la industria argentina

 

El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto N.º 273/2025, la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), un trámite que durante años generó demoras y complicaciones para la importación de maquinaria usada.

Desde el 17 de abril, la nueva norma ya está vigente y marca un cambio importante para muchas industrias que necesitan incorporar tecnología sin quedar atadas a procesos burocráticos que podían extenderse durante meses.

¿Qué cambia con la eliminación del CIBU?

Hasta ahora, el CIBU era obligatorio para importar bienes usados incluidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), es decir, una gran variedad de equipos y maquinarias industriales. Conseguir ese certificado podía demorar seis meses o más, y muchas veces forzaba a los importadores a comprar localmente aunque no existiera una alternativa nacional real.

Ahora, en lugar del CIBU, basta con presentar una Declaración Jurada en el Sistema Informático Malvina (SIM), confirmando que los bienes no son residuos (según la Ley 24.051), ni se destinarán a valorización energética ni a disposición final.

Cambios en los impuestos

Además, se redefine el esquema arancelario:

  • Los bienes usados importados bajo esta modalidad pagarán un derecho de importación del 100% del Derecho de Importación Extrazona (DIE),
  • Con un tope del 35% del valor (y sin el piso anterior del 7%).
  • También se permite importar bienes sin aptitud funcional, siempre que no violen otras normativas.

Más competencia, mejores precios

Esta medida no solo facilita el acceso a tecnología a menor costo, sino que también presiona a los proveedores locales a ofrecer precios más competitivos, al tener que enfrentarse a una nueva referencia de mercado.

Para muchas industrias, que no pueden esperar plazos tan largos para tomar decisiones de inversión, esta flexibilización era muy necesaria. Como suele decirse en el sector: “Una decisión estratégica no puede depender de un trámite que frena el desarrollo productivo.”

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